Siempre abogamos por el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad. Más allá de la impotencia que nos da la prisión domiciliaria a José Pedraza, esto nos vuelve a interrogar por la situación de todos aquellos que pueblan las cárceles argentinas, que sufren los más variados atropellos y vulneraciones. En ese contexto la de Pedraza es una situación privilegiada, como lo fue su reclusión en Ezeiza, que debería ser norma en el sistema penitenciario.
El objeto del otorgamiento del cumplimiento de la pena en detención domiciliaria es el de evitar el encierro carcelario de los colectivos más vulnerables y de aquellos grupos que merecen una especial protección, como son las mujeres embarazadas o con hijos menores a cargo y las personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad.
Sin embargo, esto no se cumple. Un ejemplo paradigmático de la desigualdad en el otorgamiento del arresto domiciliario es el de los militares condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. En la actualidad, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de septiembre de 2015, hay 1065 imputados por esas causas, de los que 587 cumplen con detención en unidades del servicio penitenciario y 441 la cumplen con arresto domiciliario (más de un 40% del total).
En contraposición, existen poquísimos casos en los que se otorga por cuestiones de salud. Son múltiples los cuestionamientos sobre la responsabilidad de los jueces cuando se denegó la detención domiciliaria a personas que estando en una delicada situación de enfermedad como para solicitarla, fallecieron en la cárcel.
Son conocidas las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a la salud de la cual son víctimas la gran mayoría de los detenidos. Existen derechos que son inherentes a las todas las personas y no privilegios de quienes puedan pagarlos. Es por esto que el Estado tiene la obligación y el deber de garantizarlos sin discriminación alguna.
El de la detención domiciliaria es un tema sobre el que quedan muchísimos avances legislativos por realizar pero, en especial, queda mucho trabajo por hacer en la aplicación de la legislación que ya está vigente, para que la misma se aplique de un modo democrático y deje de estigmatizar a la población carcelaria “no privilegiada”.
Las falencias del Poder Judicial se exhiben una vez más en el caso de Pedraza, demostrando que los poderosos terminan siempre disfrutando de privilegios. Desde mi cargo de Legislador de la Ciudad, veo como permanentemente se les niega la prisión domiciliaria a detenidos que observan los mismos derechos que quien fuera condenado a 15 años por ser partícipe necesario en el asesinato de Mariano.
No podemos dejar de mencionar que este privilegio se le brinda a Pedraza a menos de 100 días del acceso al poder de la Alianza Cambiemos, que ha dejado múltiples constancias de sus buenas migas con los aliados gremiales del ex dirigente ferroviario. Como tampoco la “prisión” en Puerto Madero donde será alojado. Si la Justicia no es igual para todos, no es más que una expresión de los poderes fácticos de una sociedad, y de la impunidad que se brindan.
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